El Decreto Ejecutivo No. 17 reemplaza al Decreto 722 de 2020 y ordena, en un solo texto, cómo se estructura, se verifica y se mantiene la inversión que sostiene la residencia, con nuevas garantías para quien ya tiene su capital comprometido en el proceso.
| US$300,000 Inmueble nuevo o promesa de compraventa | US$500,000 Reventa inmueble (mercado secundario), valores, o depósito a plazo fijo en banco estatal | US$750,000 Depósito a plazo fijo en banco privado |
El programa de Residencia Permanente por Inversionista Calificado ha sido el punto de entrada de miles de familias e inversionistas extranjeros a Panamá desde 2020. A continuación, un recorrido por lo que cambia, pensado para quien evalúa Panamá como destino o ya tiene una solicitud en curso.
Cambios en las reglas de la Residencia por Inversionista Calificado
Tres puertas de entrada, un mismo destino
El programa conserva sus tres rutas conocidas: bienes raíces, mercado de valores panameño o depósito a plazo fijo. Lo que cambia es la letra pequeña de cada una, y ahí es donde vale la pena detenerse.
Estructuras propias, no solo inversión personal
Para clientes que ya operan a través de sociedades o fundaciones de interés privado, el decreto confirma expresamente que se puede invertir mediante esos vehículos, nacionales o extranjeros, sin necesidad de desarmar una arquitectura patrimonial existente.
La condición es clara: hay que acreditar quién es el beneficiario final y quién controla efectivamente la inversión, además de la vigencia y representación de la entidad. Y un punto que suele generar dudas: los fondos deben ser propios del solicitante, de origen extranjero y con trazabilidad documental. Donaciones o transferencias gratuitas de un tercero no cuentan para el mínimo.
Inmuebles: el precio depende de la condición, no del comprador
Un inmueble nuevo y sin ocupar, comprado directamente al promotor, requiere un mínimo de US$300,000. Uno del mercado secundario, ya ocupado, arrendado o transferido antes, sube a US$500,000.
El valor que cuenta para el mínimo es el menor entre el precio pagado y el valor comercial acreditado, restando cualquier gravamen. Si el precio supera el umbral, el excedente puede financiarse siempre que quede documentado.
Avalúos: medio de verificación
Cuando existan dudas razonables sobre si el precio corresponde al valor real, la autoridad puede exigir un avalúo comercial independiente, vigente por seis meses y firmado por un profesional reconocido por el Banco Nacional o la Caja de Ahorros. No aplica a toda compra por defecto, pero conviene tenerlo presente.
Mercado de valores: más instrumentos, misma permanencia
Con un mínimo agregado de US$500,000 a través de una casa de valores licenciada, el abanico incluye fondos de capital privado orientados a Panamá, deuda soberana y valores corporativos. El capital debe permanecer cinco años, pero el decreto reconoce que los mercados fluctúan: una caída de valor ajena a la voluntad del inversionista no rompe el requisito, si se restablece dentro de 90 días de notificado por el MICI.
Depósitos bancarios: estatal o privado, la brecha es real
En el Banco Nacional o la Caja de Ahorros, el mínimo es US$500,000. En un banco privado con licencia general, sube a US$750,000. En ambos casos, cinco años ininterrumpidos, libres de gravámenes, con origen de fondos acreditado por transferencia internacional.
Cuando la inversión necesita cambiar
Si la inversión cesa o se vende antes de los cinco años, el residente tiene 30 días calendario para notificarlo al MICI, y el Ministerio concede hasta 90 días más para sustituirla por una equivalente. Mientras corre ese plazo, cualquier trámite de cancelación por esta causa queda suspendido.
Proyectos en construcción, con más respaldo
La promesa de compraventa desde US$300,000 sigue vigente, respaldada por fideicomiso o por el pago del 100% al promotor con un instrumento bancario irrevocable a favor del inversionista. Si el proyecto no se perfecciona por causa del desarrollador, hay 180 días hábiles para sustituir la inversión, una sola vez, y sin superar tres años acumulados bajo esta modalidad.
La familia puede crecer después
Un hijo que nace o se adopta, un matrimonio celebrado después de obtenida la residencia: el artículo 17 permite incorporar a estos nuevos dependientes, con certificación de vigencia del MICI y un pago de US$1,000 al Tesoro Nacional más US$1,000 al Servicio Nacional de Migración por cada uno.
Naturalización: un canal más claro, no un atajo
Las solicitudes de naturalización de inversionistas calificados, tras cinco años consecutivos de residencia, se presentan ahora a través de la ventanilla del MICI, que certificará la vigencia de la inversión. Vale aclararlo sin rodeos: esto no acelera ni reduce los requisitos constitucionales para naturalizarse, ordena el canal administrativo.
Plazos
Hasta 15 días hábiles para la certificación de inversión, hasta 30 días hábiles para resolver la residencia, ambos contados desde que el expediente está completo. La solicitud puede tramitarse mediante apoderado, incluso antes de que el inversionista pise suelo panameño.
Quienes ya estaban en el proceso
Las solicitudes presentadas antes del 16 de septiembre se rigen por las reglas anteriores. Inversiones o contratos ya perfeccionados pueden acogerse al régimen previo si la solicitud se presenta dentro de seis meses. Y quienes tenían estatus bajo solvencia económica propia cuentan con doce meses para convertir su categoría a Inversionista Calificado, con la excepción de inversiones anteriores al 15 de octubre de 2020, que no califican para esa conversión.
¿Está evaluando el programa de Inversionista Calificado o necesita revisar una inversión ya en curso conforme al nuevo decreto? En K&B Legal Services podemos asesorarle en cada etapa del proceso. Contáctanos.